Industria argentina en jaque: UIA y CGT, una alianza inédita contra la recesión y las importaciones

La industria argentina atraviesa un momento crítico, una realidad que une por primera vez en un diagnóstico contundente a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira). Ambos organismos, con informes casi simultáneos, encendieron las alarmas sobre la caída sostenida en el empleo y la producción, señalando la falta de señales de reactivación económica.

Por sexta vez en el año, el reporte de indicadores laborales de la UIA destacó un contexto preocupante: "La tendencia del empleo en el sector industrial no muestra una dirección clara. Luego de tener un comportamiento errático durante los últimos meses, presenta una caída mensual y se encuentra por debajo del mínimo de julio de 2024". Las expectativas también son desalentadoras, con cifras negativas tanto en la cantidad de horas (-7,8) como en la dotación de personal (-11,8).

Paralelamente, la Csira, que agrupa a 36 sindicatos y casi 900.000 afiliados, como Smata, UOM y Uocra, calificó la situación como un "industricidio", según lo indicado por el diario La Nación. Su relevamiento propio reveló un retroceso sin precedentes en casi todos los sectores, con la construcción como el más golpeado. "Este escenario es resultado directo de políticas que combinan apertura indiscriminada de importaciones (con un tipo de cambio que hace perder competitividad), crédito inaccesible y un mercado interno paralizado", denunció la Csira, advirtiendo sobre un camino hacia "una economía reprimarizada, que exporta recursos como litio, soja y petróleo sin desarrollar cadenas de valor”.

Unidos

Ante esta coincidencia de diagnósticos alarmantes, la UIA y la CGT han decidido articular una estrategia común. Fuentes de ambas orillas confirman un "ninguneo" por parte del presidente Javier Milei, lo que los ha llevado a buscar una vía de presión conjunta.

Tras los intentos fallidos de la Secretaría de Trabajo de activar la Mesa del Diálogo Social en 2024, la UIA y la CGT resolvieron participar en el Consejo de Mayo. Martín Rapallini, por los industriales, y Gerardo Martínez, por los gremios, fueron los representantes designados para llevar sus reclamos a este espacio, a pesar de que es un ámbito más afín al Gobierno, con la presencia de legisladores como Carolina Losada y Cristian Ritondo, y gobernadores cercanos a la Casa Rosada como Alfredo Cornejo.

La preocupación del sector se viralizó esta semana con la exposición de Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria y fundador de Caro Cuore. En un mensaje que circuló ampliamente, Drescher señaló las distorsiones del mercado: “Un producto mío hecho en la Argentina se vende más barato en Chile. La exportación tiene un costo de 6, 7 por ciento. Por seguro, por flete. Lo que vale acá 100, en Chile vale 85. ¿Por qué? No tiene el costo financiero de las cuotas, tiene menos IVA, no tiene ingresos brutos ni impuesto al cheque. Producción nacional en otro país se vende a un precio más barato. Estos son los desafíos”.

Dentro de esta nueva alianza, la CGT busca convencer a los empresarios de que, al debatir el "costo argentino", se modere la carga impositiva sin afectar las conquistas laborales. Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y figura clave con llegada al oficialismo, manifestó: "Estamos dispuestos a discutir una modernización laboral, pero sin perder los derechos ni flexibilizar las condiciones”. Sin embargo, algunos empresarios, influenciados por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, insisten en discutir no solo la rebaja de impuestos, sino también los pagos extras a los sindicatos, reviviendo el debate sobre la cuota solidaria. Por ahora, una tregua entre oficialismo y kirchnerismo mantiene frenados los proyectos de ley anti-sindicales en el Congreso.

Es importante recordar que el Gobierno de Milei ya tuvo que ceder en 42 de los 58 artículos de su propuesta original de reforma laboral en la Ley Bases, manteniendo solo 16 puntos. Entre ellos, se habilitó la posibilidad de acordar un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, una medida que, a más de un año de su reglamentación, no ha conseguido adherentes, confirmando las dudas que genera el plan libertario.

La estrategia gubernamental de apertura "casi indiscriminada" de las importaciones para controlar la inflación está generando un fuerte impacto negativo en diversas industrias. Un ejemplo claro es el sector de neumáticos, donde el oficialismo celebró una baja de precios del 15% por la irrupción de productos importados. Sin embargo, detrás de este dato se esconde una grave crisis similar a la del menemismo. Dos de las tres fábricas del país, Bridgestone y Fate, activaron Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), resultando en 452 despidos y decenas de salidas acordadas en Bridgestone, y 97 despidos en Fate. El PPC, originado en la Ley de Empleo de los años 90, permite a las empresas suspender personal y reducir el pago de indemnizaciones.

Injerencia de las importaciones

A esto se suma la falta de acuerdo paritario en 2025 entre las tres empresas (incluyendo Pirelli) y el Sindicato del Neumático. Alejandro Crespo, líder del gremio desde 2016 y referente del sindicalismo clasista, ha mantenido una postura firme: “En nueve años no cerramos nunca paritarias por debajo de la inflación. ¿Por qué lo vamos a hacer ahora?”. Un empresario del sector admitió la dificultad: “Este año la paritaria cambió: ya no podemos dar aumentos por encima de la inflación porque hay menos turnos, menos dotación y menos competitividad. El gremio lo va a tener que entender”.

La Csira también identifica a los alimentos, medicamentos y marroquinería como los rubros más perjudicados por la apertura de importaciones en 2025. El caso de Molinos Río de la Plata es paradigmático, con despidos en curso ante la dificultad para renegociar su convenio colectivo.

El sector metalúrgico tampoco escapa a la recesión. Elio Del Re, titular de la Asociación de Industriales de la República Argentina (Adimra), precisó: “La actividad metalúrgica continúa sin demostrar avances significativos y las importaciones crecen a un ritmo promedio mensual del 4,9%. En particular, las de bienes de capital alcanzan valores récord, contrastando con una industria local que evidencia estancamiento y retroceso en ese mismo segmento”. Un dato alarmante de su informe es que el uso de la capacidad instalada en junio fue del 46,6%, lo que significa que las empresas metalúrgicas trabajan a menos de la mitad de su potencial productivo.

Mientras tanto, el Gobierno relativiza estas estadísticas, e incluso celebra que el impacto en el empleo y la producción no haya sido aún mayor. "Podría haber sido mucho peor, con un desplome más pronunciado”, reconoció un funcionario, admitiendo que la Ley Bases no ha generado el dinamismo económico ni la creación de empleo esperada.

El Consejo de Mayo, con su segundo encuentro programado para la última semana de julio, se erige como el punto de encuentro para empresarios y sindicalistas que buscan ser escuchados por el Gobierno. Sin embargo, con el calendario electoral cercano, las expectativas de que prosperen iniciativas significativas son bajas. Cercanos a Milei proyectan cambios estructurales más ambiciosos, como elevar en cinco años la edad jubilatoria para hombres y mujeres o impulsar una reforma laboral más profunda que flexibilice convenios colectivos, pero esperan una configuración del Congreso más favorable para el próximo año.

En este complejo escenario, el presidente Milei se encamina a las urnas con confianza, respaldado por el control de la inflación, la estabilidad del dólar, su política de "motosierra" y la atomización opositora. El ministro de Economía, Luis Caputo, reflejó este triunfalismo al desafiar a economistas y periodistas sobre sus advertencias por las reservas y la política cambiaria: “Agarrá los pesos y comprá [dólares]. ¡No te la pierdas, campeón!”, ironizó, a pesar de que sus propios ahorros, según su última declaración jurada, se encuentran fuera del país. Este mensaje no fue bien recibido por los sectores industriales y sindicales, que, en una alianza inédita, claman por la crisis que atraviesa la industria nacional.